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Actualidad Educativa

25/04/2019

Polémica en Madrid: van a sancionar a los alumnos que no denuncien a los que hacen bullying

La medida apunta a terminar con el silencio de los que ven hechos de violencia. Cuestionamientos de especialistas en acoso escolar. 

Polémica en Madrid: van a sancionar a los alumnos que no denuncien a los que hacen bullying

La Comunidad de Madrid sancionará a todo aquel que no denuncie el acoso a un estudiante si tiene conocimiento de ello. Tanto si son adultos (desde profesores a personal administrativo, incluidos monitores deportivos y personal que atiende el desayuno y la comida) como si son niños. El objetivo es que el acoso no quede impune y acabar con el silencio que beneficia al acosador.

El decreto sobre convivencia escolar, que ya ha sido aprobado, se pondrá en marcha el próximo curso y afectará tanto a los colegios e institutos públicos, como a los centros concertados como privados. La consejería de Educación insiste en que el objetivo es combatir las situaciones de acoso escolar en una comunidad que en el 2018 registró 111 casos de bullying.

La gran novedad de este decreto es la sanción a los menores que no informen al profesor o a la dirección del centro educativo sobre la existencia de un caso de bullying. Los menores están obligados a denunciar cualquier acción que pueda “poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa que presencien o de las que sean conocedores”. Si no lo hicieran, estarían incurriendo en una “falta grave” que puede conllevar castigos que oscilan desde la prohibición del recreo hasta la expulsión de determinadas clases o del colegio hasta seis días lectivos.

Lucía Martínez Martín, responsable de Save the Children en la Comunidad de Madrid, muestra su oposición a utilizar medidas punitivas para acabar con el acoso escolar. En su opinión, expulsar a un niño del colegio por no denunciar un caso de abuso no es una medida eficaz y “si se pone en marcha, se comprobará que no funciona”, máxime cuando muchos niños no comunican el acoso por miedo a convertirse ellos en la nueva víctima del acosador. “Esa no es la solución”, reitera.

A juicio de Martínez, la solución pasa por la concienciación y la sensibilización. “Los niños deben, primero, saber identificar qué es el acoso porque muchos no lo tienen claro. Creen que insultar no es acosar y sí lo es. A veces creen que el acoso sólo es pegar. Y es imprescindible trabajar con ellos para combatir los abusos, fomentar el respeto y convertirlos en sujetos activos de derecho”.

El acoso entre iguales y el ciberacoso son formas de violencia contra los niños cuya existencia no es novedosa en los centros educativos, ya que se sufre desde hace mucho tiempo. Aunque la escuela no es la causante ni el único lugar donde se gesta esta violencia, sí es el lugar idóneo para combatirla, explica Martínez.

Según el texto aprobado, se considerarán faltas muy graves el acoso físico o moral a los compañeros, las amenazas o los insultos a los profesores, los actos de intimidación o violencia, la grabación y difusión de agresiones o humillaciones o la discriminación por cualquier razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual u opinión, entre otras. Este tipo de acciones se corregirán con la realización de tareas, la prohibición de participar en ciertas actividades, cambio de grupo, expulsión de determinadas clases, o expulsión temporal o definitiva del centro.

Serán los propios centros los que determinen la gravedad de las conductas y, por lo tanto, las medidas que se aplicarán al alumno implicado. Cuando se produzca alguno de estos casos, el centro abrirá un expediente y designará a un profesor que será el instructor encargado de recopilar toda la información, trasladársela a los padres y adoptar una resolución en un plazo máximo de 18 días. Esta resolución le será comunicada al alumno, a la familia, al consejo escolar, al claustro de profesores y al Servicio de Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid.

La asociación Convives cree que este decreto presenta algunos avances importantes, en relación con la recuperación de la mediación, los planes de convivencia o la organización de los apoyos para el trabajo de esta, “pero que sigue fielmente anclado en los planteamientos tradicionales del modelo reactivo que lastran y hacen ineficaces estos posibles avances”, señala Pedro M. Uruñuela .
“Si hacemos un primer análisis del uso de determinadas palabras a lo largo del decreto, veremos que las más frecuentes son ‘normas’ (95 veces), seguidas de ‘sanción/sanciones’ y ‘correcciones’ (ambas 34 veces cada una). Sin embargo, la palabra ‘paz’ sólo se emplea seis veces, ‘valores’ 12 y ‘diálogo’ 6. Es una muestra clara de qué es lo que importa a quienes han redactado este decreto y, sobre todo, de cómo entienden la convivencia. Y es que, a pesar de tratarse de una norma que va a regular la convivencia en los centros educativos, en ningún momento se hace una definición explícita de esta, debiendo deducirse de las aplicaciones concretas que se proponen”, explica Uruñuela.

Desde Save the Children se insiste en la necesidad de concienciar a los niños sobre los actos violentos y trabajar con ellos para combatir este tipo de violencia. Y, fundamental, trabajar para romper el silencio cómplice que empodera al que maltrata y aísla a la víctima.

“Hay que trabajar mucho con los alumnos para eliminar del vocabulario escolar la palabra chivato (buchón). Desde siempre, se ha utilizado como algo despectivo y en numerosas ocasiones los estudiantes no dicen nada sobre lo que ocurre en las aulas por miedo a que les tilden de chivatos (buchones)”, explica Lucía Martínez.

“Esta forma de violencia tiene importantes consecuencias para las personas y la sociedad en su conjunto. Más allá de los riesgos físicos a veces padecidos por los niños y niñas, sabemos que las consecuencias psicológicas pueden ser graves: depresión, abandono escolar, ausentismo por miedo a acudir a la escuela; y, lo que es peor, pueden llegar hasta el suicidio”, acaban por indicar desde la ONG.

FUENTE: Clarín

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